Moción que presenta el portavoz de Unión Cordobesa sobre la necesidad de incrementar la construcción de viviendas en régimen de alquiler social

09 Julio 2013.

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JUAN MIGUEL ALBURQUERQUE SACRISTÁN, Portavoz del Grupo Municipal Unión Cordobesa, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Córdoba en su artículo 88, somete a la consideración del Pleno Ordinario del día 9 de julio de dos mil trece la siguiente propuesta:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El crecimiento de la economía española de los últimos años ha estado íntimamente ligado a la construcción de viviendas y a la adquisición de la propiedad privada como régimen preferente. Como es sabido, con esta finalidad las entidades financieras han llevado a cabo la concesión desmesurada de créditos hipotecarios, incentivando y favoreciendo el sobreendeudamiento de una gran parte de la población española como única forma de acceso a una vivienda, propiciada a su vez por un escenario donde no existía la costumbre social, ni la tradición precedente proclive a solucionar el problema de la vivienda mediante el alquiler de la misma, a lo que podemos añadir la ausencia de políticas suficientes que acreditaran, garantizaran y facilitaran un alquiler estable y accesible a los ciudadanos.

La precariedad salarial y la elevada tasa de población desempleada, a causa de la crisis económica en la que nos encontramos inmersos, ha hecho extremadamente vulnerables a miles de personas que, en la actualidad, se han visto abocados a procedimientos de desahucio por no poder asumir el pago de sus hipotecas, ni en su caso, las cuotas del alquiler, sufriendo y soportando así la indeseable pérdida de su vivienda habitual.

En este sentido, la delicada situación que atraviesa un sector importante y cada vez más numeroso de la sociedad, como consecuencia de los procesos de ejecución hipotecaria así como de otras circunstancias análogas procedentes de dicha crisis, ha incrementado la dificultad de los ciudadanos necesitados para acceder a un al alquiler asumible de una vivienda digna. Piénsese en el elevado coste de los alquileres en el mercado libre.

El Gobierno de la nación aprobó el Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, que además de establecer la suspensión durante dos años de los desahucios que recaigan sobre las viviendas habituales de personas que se encuentren en los supuestos de especial vulnerabilidad y en las circunstancias económicas que prevé el artículo uno, encomienda en su disposición adicional primera al Gobierno que promueva con el sector financiero la constitución de un "Fondo social de viviendas propiedad de las entidades de crédito", destinadas a ofrecer cobertura a aquellas personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual por el impago de un préstamo hipotecario, cuando concurran en ellas las circunstancias previstas en la norma. Este fondo social de viviendas tendrá por objetivo facilitar el acceso a estas personas a contratos de arrendamiento con rentas asumibles en función de los ingresos que perciban.

El dia 11 de diciembre de 2012 nuestro Grupo Municipal Unión Cordobesa presentó una Moción sobre "el Real Decreto 27/2012 de 15 de noviembre de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios ", en la cual se hizo una análisis crítico muy detallado sobre numerosos aspectos contradictorios del mismo que deberían ser modificados, si bien, a nuestros fines actuales, es decir, en esta moción, solo queremos recordar la referencia expresa de la Disposición Adicional Única de dicho Decreto: ..."El fondo social de viviendas tendrá por objetivo facilitar el acceso a estas personas a contratos de arrendamiento con rentas asumibles en función de los ingresos que perciban. Incuestionablemente, a nuestro juicio, el objetivo pretendido por la Disposición tendría buena acogida por los ciudadanos si se llegase a materializar esta declaración tan sustancial e importante con la inmediatez que aconseja la situación actual, pues, sin lugar a dudas, resolvería adecuadamente gran parte de la problemática a la que nos enfrentamos y que no debemos desatender o esquivar en ningún momento. No obstante, recordando nuestras propias palabras a este respecto, la presión que debería ejercer el Gobierno sobre las entidades financieras que hayan sido saneadas con fondos públicos, para incrementar y promover la colaboración eficaz con la finalidad de constituir el referido Fondo Social de Viviendas, tendría que ser mayor y no conformarse con una simple "encomienda", "encargo" o "recomendación". En esta misma Disposición adicional, se aclara perfectamente que los desafortunados que ya hayan sido expulsados de su hogar previamente, tendrán inexcusablemente que reunir la suma de requisitos que establece el artículo 1º para poder optar al Fondo Social de Viviendas -sin establecer plazo orientativo para su creación-. En suma, la incertidumbre, la incerteza, la ambigüedad, la imprecisión de las medidas, aumentan nuestra desconfianza en la resolución de un problema tan acuciante.

Somos conscientes de las limitaciones, escasas competencias en tema de viviendas, e indisponibilidades reales de los Gobiernos Locales. No obstante, y en atención de la escasa respuesta estatal, y sin perjuicio de los aspectos positivos de la iniciativa, el Grupo Municipal Unión Cordobesa solicitó a nuestros gobernantes municipales, en su momento, la creación de un instrumento complementario o paralelo al pretendido Fondo Social de Vivienda Estatal, anteriormente citado. Entre las opciones aportadas destacábamos con, gran interés e insistencia, la relevancia que podría tener la creación de una Bolsa de Viviendas de Alquiler Social con la finalidad de garantizar la disponibilidad de una vivienda digna que proporcionara cobertura suficiente a todas las necesidades básicas de las personas y que no se vieran conculcados los derechos constitucionales más elementales.

Siguiendo el hilo conductor de nuestra exposición recordatoria, traemos a colación otra de nuestras solicitudes más recurrentes: Es decir, "el necesario compromiso riguroso por parte de todas las Administraciones Públicas, dentro de sus competencias, para establecer las medidas y condiciones necesarias con la finalidad primordial de hacer efectivo y verdadero el proclamado derecho constitucional a la vivienda.

El día 6 de Marzo del año 2012, nuestro grupo municipal Unión Cordobesa presentó una Moción sobre "la necesidad de crear una bolsa de alojamientos-vivienda de emergencia", la cual fue consensuada por todos los Grupos Políticos y consecuentemente se presentó en Pleno de forma Conjunta. En la referida moción, pusimos de relieve la necesidad de tomar medidas extraordinarias en tema de viviendas, alojamientos, alquileres sociales, desahucios, etc., y solicitamos a la Junta de Andalucía y al Gobierno Municipal que establecieran un convenio de colaboración (Junta de Andalucía-Ayuntamiento) que permita la puesta en marcha, activación y ampliación de una bolsa de alojamientos de emergencia orientada a aquellos colectivos más vulnerables.

Con referencia expresa a nuestro Ayuntamiento, solicitamos la realización de un convenio de colaboración público-privada (Promotores, Bancos, Iniciativa Privada, etc.) para la movilización del stock de viviendas vacías a precios asequibles, con el objeto de dar respuesta a las necesidades sociales existentes en la actualidad, impulsando y apoyando la posibilidad de la reactivación y mejora de los programas de ayuda al alquiler y a la hipoteca, con la finalidad de dar soluciones acondicionadas a las demandas actuales de un alquiler digno, accesible y económico.

Asimismo, el Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de FOMENTO DEL ALQUILER DE VIVIENDAS, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016 pone de manifiesto la necesidad de reorientar las políticas en materia de vivienda, ya que los instrumentos establecidos por los Planes anteriores fueron diseñados en momentos sensiblemente diferentes a los actuales. Asimismo, establece como objetivo garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada así como paliar la situación de personas y hogares con dificultades para acceder a una vivienda.

Como puede observarse, seguimos insistiendo con mayor contundencia en la aportación de soluciones inmediatas para la problemática existente y que, como es sabido, afecta preferentemente a los sectores más vulnerables de la sociedad. Nuestras propuestas en temas de alquiler social han quedado bien definidas, pero la novedad fundamental de esta nueva moción no consiste solo en recordar el iter de nuestras propuestas precedentes, de las que no tenemos aún datos suficientes para comprobar y contrastar su grado de ejecución, sino en solicitar a nuestro Ayuntamiento que incluya en su plan de viviendas actual la construcción de un mínimo de viviendas específicamente acogidas a esta finalidad: Alquiler Social, es decir, que el coste de los contratos de arrendamiento estén condicionados a la renta y los ingresos que perciban los arrendatarios.

Confirma nuestra preocupación lo expuesto en el Plan 'Objetivo Córdoba Vivienda', propuesto por el Gobierno Local: Nace con el propósito de "reactivar el mercado inmobiliario cordobés a través del desarrollo de un programa en materia de viviendas, adaptado a las necesidades reales de la demanda, tanto en sus aspectos cuantitativos como cualitativos", si bien del tenor literal de la afirmación no se desprende claramente la intención de construir nuevas viviendas sometidas exclusivamente al régimen de Alquiler Social. Hasta el momento casi todas las planificaciones propuestas por el Consistorio, avaladas por las diferentes entidades de la Banca,

se han centrado en destacar un número determinado de construcciones de Viviendas de Protección Oficial (VPO), y otro número ajustado de Viviendas de Renta Libre. Es decir, en la reciente planificación municipal echamos en falta la conjugación de construcciones que puedan satisfacer a todos los posibles demandantes o necesitados: los de renta libre, los de VPO, y los de Alquiler Social.

Existe una opinión en la sociedad, que se va generalizando de forma acelerada, en la que se advierte que la vivienda protegida pensada inicialmente para familias de bajos ingresos y convertidas en objeto de deseo en plena efervescencia inmobiliaria, actualmente, han perdido su atractivo en numerosas zonas del territorio español, ya que resultan invendibles ante precios de mercado libre inferiores. Por tanto, parece que la vivienda protegida comienza a ser inviable desde el punto de vista económico, además los efectos de la crisis y el fenómeno conocido como " burbuja inmobiliaria" han afectado a la vivienda protegida, pues sus precios máximos oficiales han llegado, en algunas zonas, a estar por encima de los de la vivienda libre. Por ello, entendemos que es necesario iniciar las gestiones oportunas para facilitar el acceso a la vivienda a los sectores de población con menos recursos, apostando por apoyar el alquiler como vía idónea para el acceso a la vivienda, y no exclusivamente dando salida al supuesto, virtual e inalcanzable stock de viviendas desocupadas, sino planificando la construcción progresiva de viviendas sociales dispuestas para Alquiler Social. Para finalizar, queremos añadir que son muy numerosas las personas y familias las que solicitan y demandan un alojamiento o vivienda digna de alquiler social, exigiendo una respuesta urgente por parte de los poderes públicos.

Por todo lo anteriormente expuesto, elevamos a la consideración del Pleno la adopción del siguiente

ACUERDOS

1.- Instar al Gobierno Municipal a completar el "Plan Municipal Córdoba Vivienda", mediante el compromiso de incluir en su planificación actual la "construcción" de Viviendas Sociales expresamente afectadas al sistema de Alquiler Social. Es decir, a través de contratos de arrendamiento, que sean proporcionales y que se calculen en función de los ingresos que perciban los futuros arrendatarios, de manera que atiendan a todos los demandantes o necesitados, ya sea los de renta libre, los de VPO, y los de Alquiler Social.

2.- Instar a la Junta de Andalucía y al Gobierno Municipal a que establezcan un Convenio de Colaboración (Junta de Andalucía-Ayuntamiento), en el que se contemple el compromiso riguroso de construir viviendas en régimen de alquiler, con el objetivo de ser más asumibles para los diferentes colectivos y cumplir definitivamente con la función social asignada a las diferentes administraciones.

3.- Instar al Gobierno de la Nación a que cumpla definitivamente sus propias instrucciones, ampliando, reforzando, constituyendo, acelerando y completando lo expuesto en los decretos recientes sobre la temática que nos ocupa: 1º Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios. "Promover con el sector financiero la constitución de un "Fondo social de viviendas propiedad de las entidades de crédito", ........Este fondo social de viviendas tendrá por objetivo facilitar el acceso a estas personas a contratos de arrendamiento con rentas asumibles en función de los ingresos que perciban. 2º Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de FOMENTO DEL ALQUILER DE VIVIENDAS, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016. Asimismo, establece como objetivo garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada así como paliar la situación de personas y hogares con dificultades para acceder a una vivienda.