Moción que presenta el portavoz de Unión Cordobesa sobre el nuevo sistema de becas

09 Julio 2013.

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JUAN MIGUEL ALBURQUERQUE SACRISTÁN, Portavoz del Grupo Municipal Unión Cordobesa, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Córdoba en su artículo 88, somete a la consideración del Pleno Ordinario del día 9 de julio de dos mil trece la siguiente propuesta:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El derecho a la educación, regulado en el artículo 27 de la Constitución Española, debe ser garantizado por los poderes públicos. Para llevar a cabo dicho fin las Leyes Orgánicas que desde entonces han desarrollado este derecho contemplaron la existencia de un sistema de becas y ayudas al estudio.

La beca es considerada como una subvención que se entrega a alguien para que realice estudios o investigaciones. Se concreta como un aporte económico a los estudiantes o investigadores que no cuentan con el capital suficiente para mejorar la viabilidad de sus estudios o trabajos de investigación.

Las becas pueden provenir de diferentes instituciones estatales como los ministerios de Educación, las Universidades o Escuelas, así como organizaciones no gubernamentales como pueden ser las asociaciones o fundaciones, o provenir de empresas privadas como son las compañías, bancos etc.

Existen varios tipos de becas: las becas totales o completas que cubren la totalidad de los gastos, las becas parciales que sólo cubren una parte de los gastos, las becas generales para carreras o estudios ordinarios y las becas especiales destinadas a ciertos programas.

En esta misma línea el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, estableció el régimen de las becas y ayudas al estudios personalizadas, adaptando el mismo al escenario competencial educativo. Además del precitado Real Decreto es de suma importancia hacer referencia a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas para el impulso de la productividad, las cuales han introducido determinadas novedades en la materia que deben ser tenidas en cuenta por afectar de forma directa al sistema de becas y ayudas.

Asimismo, en el art. 83 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), al referirse a la compensación de las desigualdades en educación, abordó también la regulación de las becas y ayudas al estudio, atribuyendo el derecho a obtenerlas a aquellos estudiantes con condiciones socioeconómicas desfavorables, con el fin de garantizar la igualdad de todas las personas en el ejercicio del derecho a la educación.

Para dicho fin la Ley atribuye al Gobierno la regulación de las modalidades y cuantías de las becas y ayudas al estudio, así como las condiciones económicas y académicas que deban reunir los aspirantes a las mismas y los casos de incompatibilidad, revocación, reintegro y el resto de requisitos necesarios para asegurar la igualdad en el acceso a ellas.

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de Universidades, dispone también de la existencia de un sistema de becas y ayudas al estudio en todo el territorio nacional. El desarrollo, ejecución y control del sistema general corresponde a las Comunidades Autónomas en sus respectivos ámbitos de competencia y en colaboración con las Universidades, con el objetivo de facilitar la gestión descentralizada.

Como última referencia jurídica, es importante hacer alusión al Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, cuyo artículo 7 regula la financiación de las becas y ayudas al estudio y la compensación por parte del Ministerio a las Universidades de los precios públicos por servicios académicos correspondientes a los alumnos becarios exentos de su pago.

Dicho esto y tras hacer un estudio pormenorizado sobre el nuevo sistema de becas que el Ministro de Educación quiere implantar, Unión Cordobesa considera que el endurecimiento de los requisitos académicos para obtener las becas generales de estudio, vulnera el derecho fundamental de igualdad de oportunidades en el acceso a la educación y conlleva un desequilibrio, especialmente agravado, para las familias con riesgo de exclusión social o con menos recursos económicos, por lo que podría considerarse una contradicción en la lucha contra el abandono de los estudios. Además, como consecuencia, aumentaría de manera considerable la pérdida de números de becarios universitarios, que si ya en el año académico 2010/2011 ya se redujo en más de 29.000 beneficiarios, debido al endurecimiento parcial del Real Decreto del año 2007 relativo a dicho asunto, con el nuevo sistema de becas podría reducirse en más de 100.000 beneficiarios.

Consideramos, por tanto, que la nota de acceso a la educación y para todas las becas en general, debería retrotraerse al 5, como se ha propuesto por algunas Comunidades Autónomas como por ejemplo en por la Junta de Andalucía, o en su caso mantener la misma nota exigida hasta la actualidad, es decir, en un 5,5, de manera que se pueda seguir favoreciendo dicho acceso al estudio y muy especialmente, para aquellos alumnos que tienen que estudiar fuera de su habitual ámbito geográfico y para compensar que los hijos de familias con rentas más bajas estudien en lugar de trabajar. En suma lo que pretendemos, en el peor de los casos, es que se mantenga la mínima nota establecida en el año 2012, no solo para acceder a la gratuidad de la matrícula en la Universidad, sino también, para acceder a una beca con mayor dotación económica, que en la actualidad se pretende exigir un 6.5.

Unión Cordobesa apoya y comparte lo manifestado por parte de la Conferencia de Rectores de las Universidades de España (CRUE), en cuanto a que sea sólo en función de la renta y patrimonio familiar y no se aumente el requisito de rendimiento académico a los estudiantes o no se ponga todo el peso en los expedientes académicos, a la hora de repartir el dinero de las becas y ayudas al estudio y en ningún caso limitar el presupuesto destinado para becas y aún menos en la actualidad, pues en todo momento se debe responder al objetivo de mejora de la calidad de la enseñanza más que a una cuestión presupuestaria, ya que las becas se deben entender como una ayuda social.

Asimismo, entendemos que la cuantía actual de la parte fija (1.500 euros) y la parte variable repartidas en función de la renta, las notas y el presupuesto disponible del nuevo sistema de becas es excesivamente escaso, por lo que pedimos encarecidamente que dicha cuantía, como mínimo, siga manteniéndose con el mismo importe que el establecido para el año académico anterior, a pesar de que ésta ya sufrió un recorte importante. Dicho aumento sería perfectamente viable si en lugar de destinar el 0,11% del PIB se destinase el 0,27% que es el que corresponde a la media de la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico (OCDE). Nos parece económicamente improcedente y totalmente injusto, pues esta medida daría lugar a más cortapisas en el acceso a los estudios superiores de los jóvenes españoles, teniendo en cuenta que la tasa de desempleo juvenil supera el 56%. Dicha reducción afectaría sobre todo a los beneficiarios de ayudas de desplazamiento y residencia por estudiar fuera de su ámbito geográfico, que además de sufragar la matrícula, tienen que abonar gastos de alquiler, transporte, comida y otros gastos. De igual forma afecta a aquellos que aún cumpliendo con la totalidad de los requisitos, les sea a priori imposible saber que ayuda puede recibir y si esta le resultará suficiente para cubrir los gastos del estudiante. Consideramos, pues, que a nuestros jóvenes españoles hay siempre que motivarles para realizar estudios superiores y facilitarles en todo lo posible el acceso a los mismos para garantizarles una mejor formación y mayores posibilidades a la hora de optar a un puesto de trabajo digno, y por supuesto, en ningún caso debemos permitir que los jóvenes españoles que desean tener estudios superiores queden fuera del sistema por el aspecto económico.

Queremos añadir que el nuevo sistema de becas lleva aparejado un mayor perjuicio para los alumnos de nuevo ingreso a la Universidad y para los que habiendo empezado la carrera quieran mantener dicha ayuda, de hecho, así lo confirma un informe realizado por expertos en financiación universitaria para la CRUE, que calcula que este curso ya se han quedado sin beca, con la subida hasta el 5,5 de la nota mínima en las pruebas de acceso a la Universidad, algo más de 7.600 alumnos. A ello hay que sumar el endurecimiento de los mínimos académicos para mantener la ayuda una vez empezada la carrera, que este año ya ha supuesto la pérdida de 22.000 beneficiarios. Como es sabido, en este curso los requisitos han sido mayores que el anterior , pero son inferiores a los que se proponen para el que viene, por lo que es previsible que la cifra sea mucho mayor.

Asimismo, consideramos que no es justo que los becarios tengan que devolver el importe íntegro de sus ayudas si no aprueban la mitad de las asignaturas, como así lo establece el nuevo sistema de becas, que en la actualidad podría afectar a unos 30.000 alumnos, pues ello supondría una dificultad económica añadida a las familias con escasos recursos y por tanto, su situación se vería agravada por la crisis económica que atravesamos.

Por último, desde Unión Cordobesa pedimos en primer lugar que no se lleve a cabo el nuevo sistema de becas y en su defecto, que ante los cambios del modelo del sistema de becas y ayudas que se propone en este Proyecto del Real Decreto, se cuente con el máximo consenso además de con rectores de la Universidad, como se ha venido haciendo hasta ahora, con el Observatorio Universitario de Becas, ayudas al estudio y rendimiento académico, constituido desde el 22 de noviembre de 2010, en el que participan representantes de las universidades, estudiantes, agentes sociales y Comunidades Autónomas, teniendo en cuenta que dicho órgano tiene entre otras funciones la de asesorar, facilitar información, analizar resultados etc. De hecho la puesta en marcha de este Observatorio es una de las medidas contempladas en el Plan de Acción 2010-2011 y con el que el Ministro de Educación pretendía orientar toda su actividad a la consecución de los objetivos de la Educación para la década 2010-2020.

En esta misma línea y a sabiendas de no ser una de las competencias propias municipales, pero apelando al aspecto solidario, solicitamos al Ayuntamiento de Córdoba a la creación de un fondo de ayuda económico-social o en su caso que disponga de una partida presupuestaria para el próximo año para dicho cometido, con el objetivo de compensar a aquellos alumnos que debido al endurecimiento de los requisitos en el nuevo sistema de becas, establecido por el Gobierno Central, queden excluidos como beneficiarios de las mismas.

Otra opción a través de la cual se podría facilitar el acceso a la Universidad, así como al mantenimiento en la misma, sería la creación de una bolsa de apadrinamiento para todos aquellos alumnos que queden fuera de la nueva reforma de becas, por no superar la nueva nota establecida y muy especialmente para los jóvenes que tengan que realizar sus estudios fuera de su habitual ámbito geográfico y consecuentemente sufragar gastos de alquiler, transporte etc.

Por todo lo expuesto anteriormente, sometemos a la aprobación del Pleno la adopción de los siguientes:

ACUERDOS

1. Instar al Gobierno Central a eliminar la nueva reforma en materia de becas y ayudas al estudio y de esta manera evitar no sólo, la vulneración del derecho fundamental de igualdad de oportunidades, sino también, el consecuente desequilibrio económico, especialmente, para las familias con escasos recursos patrimoniales y por el contrario, garantizar la igualdad en el acceso a los estudios superiores.

2. Instar al Gobierno Central a mantener la nota de 5,5, en caso de que no se pueda retrotraer al 5, en el acceso a todas y cada una de las becas y ayudas al estudio existentes, sin exclusión alguna, y muy especialmente a las de mayor dotación económica, destinadas en su mayoría a los alumnos cuyos estudios los realizan fuera de su habitual ámbito geográfico, suponiendo un gasto añadido de alquiler, transporte, comida, etc.

3. Instar al Gobierno Central a aumentar el presupuesto para becas y ayudas al estudio, de manera que la cantidad fija y variable de las mismas se garanticen, como mínimo, con el mismo importe que el aplicado en el año 2012.

4. Siguiendo las indicaciones de la Conferencia de Rectores de las Universidades de España (CRUE), queremos solicitar al Gobierno Central a que se tenga en cuenta, preferentemente, el umbral de la renta y el patrimonio familiar a la hora de repartir el dinero de las becas y ayudas al estudio, y no endurecer los requisitos académicos y poner todo el peso en el expediente académico.

5. Instar al Gobierno Central a prorrogar para el curso 2013-2014 el Real Decreto actualmente vigente y consensuar las pretensiones actuales para cursos posteriores, como así ha sido demandado por el Consejo Escolar del Estado (CEE).

6. A pesar de no ser competencia municipal y apelando al aspecto solidario, instamos al Ayuntamiento de Córdoba a que realice las gestiones y operaciones necesarias para la creación de un fondo solidario de ayuda económica en el que cualquier persona pueda colaborar con una pequeña aportación económica, con el objetivo de compensar a aquellos alumnos municipales que debido al endurecimiento de los requisitos en el nuevo sistema de becas, queden excluidos como beneficiarios de las mismas y consecuentemente tengan dificultades para continuar con sus estudios, al no haber sido beneficiarios de ninguna de las ayudas procedentes de las administraciones (Gobierno Central y/o Junta de Andalucía, Ayuntamiento, Universidad, etc. ).

7. En esta misma línea, instar al Ayuntamiento de Córdoba a la apertura de una posible bolsa de apadrinamiento voluntario, destinada a apoyar a todos aquellos alumnos de nuestro municipio que queden fuera de la nueva reforma de becas, por no superar la actual nota establecida por el Ministerio de Educación y no hayan podido recibir ayuda alguna por ninguna de las otras administraciones involucradas (Gobierno Central y/o Junta de Andalucía, Ayuntamiento, Universidad, etc. ).

8. Instar al Ayuntamiento de Córdoba, en defecto de la creación de las dos bolsas anteriormente referenciadas, a destinar en los próximos presupuestos municipales una partida presupuestaria con el objetivo de ayudar a nuestros jóvenes municipales en el acceso a estudios superiores y que ningún joven se quede fuera del sistema educativo por motivos de carencia económica.

9. Dar traslado de los acuerdos al Ministerio de Educación, a la Junta de Andalucía, a la Conferencia de Rectores de las Universidades de España (CRUE), al Consejo Escolar del Estado, al Consejo de la Juventud y al Presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Córdoba.